La "Guerra Sucia"

 >>El Batallón Vasco Español

En octubre de 1983, dos jóvenes vascos refugiados en Francia desaparecieron: eran Joxe Antonio Lasa y Joxe Ignacio Zabala. Días después, miles de personas se manifestaron contra el supuesto asesinato de los dos desaparecidos. La opinión nacional se indignó ante los llamamientos del dirigente de Alianza Popular (que luego se llamaría Partido Popular), y ex ministro de la dictadura, Manuel Fraga Iribarne, a favor de una “guerra sucia” e ilegal contra ETA. Todos los sectores de ideas nacionalistas sospechaban que el gobierno estaba contemplando esta clase de medidas.

Los ataque a los refugiados en Francia continuaron. El 5 de diciembre, un trabajador de la Cooperativa Sokoa, donde trabajaban muchos refugiados vascos, fue secuestrado. Nueve días después lo dejaron en libertad. Al parecer, había sido confundido con un militante de ETA-M: era Segundo Marey. Los secuestradores se autodenominaron Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

A la vez, el gobierno francés comenzó a colaborar más estrechamente con su par español. Esto se tradujo en deportaciones de militantes de ETA a diversos países de Centroamérica y África. “Si el terrorismo de ETA hubiera sido primordialmente una cuestión policial, estas medidas habrían contribuido en gran medida a acabar con él”, espeta Sullivan. Desde sus comienzos a fines de 1983 hasta marzo de 1986, cuando las presiones del nuevo gobierno francés interrumpieron sus actividades, los GAL mataron a 24 personas e hirió a 25, tanto militantes de ETA como personas inocentes. “Había sido en tiempos de Carrero-Arias Navarro, cuando la guerra sucia contra universitarios y sindicatos clandestinos se organizó como una prolongación sucia del poder”, amplía Montalbán. De los GAL formaban parte agentes de las fuerzas de seguridad y asesinos a sueldo. En julio de 1998, el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, y el ex secretario para la Seguridad del Estado, Rafael Vera, fueron condenados por el Tribunal Supremo a diez años de cárcel por detención ilegal y apropiación indebida de fondos en relación con el secuestro del empresario francés Segundo Marey en 1983.

Otros diez encausados fueron condenados a penas de prisión que iban desde los dos años, cuatro meses y un día a los diez años. Algunos de los otros condenados fueron: Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE en Vizcaya. Francisco Álvarez, el jefe de la Lucha Antiterrorista; Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada de Información de Bilbao.

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Dispersión

  La repetida insistencia de ETA en su voluntad de negociar denunciaba, sin duda, que los ataques a su base de Francia y su incapacidad para encontrar una salida a la situación de impasse le estaba planteando dificultades, que, no obstante, no acarrearon la inminente caída que esperaban los dirigentes del PSOE.

“El deseo de una amnistía negociada, que implicaba la penalización de los que solicitaran perdones individuales, indujo a ETA-M a cometer un costoso error: en septiembre de 1986, uno de sus comandos mató de un tiro a Dolores González Catarain, “Yoyes”, importante militante del grupo hasta 1980, cuando paseaba con su niño de 5 años en su pueblo natal de Ordizia”, expone Sullivan.

“Yoyes” había creído que sus antiguos compañeros no tomarían represalias contra ella mientras respetara el acuerdo implícito de abstenerse de toda declaración pública o actividad política. Este hecho sería uno de los motivos que llevaría al gobierno a tomar la decisión de trasladar a los presos de ETA fuera de Euskadi.

“Manteniendo a los presos de ETA en grupos, esa presión social que se ejerce en el interior de las cárceles y los grupos, hacía imposible la consecución del fin de la reinserción”, justifica Joseba Arregui, ex consejero de cultura del PNV. Esta decisión fue, según González, llevada a cabo de acuerdo con el propio PNV. Eva Suárez, presidenta de Amnistía Internacional España, sostiene que los presos tienen derecho, a pasar su condena en un lugar cercano a su lugar de origen y donde tenga establecidos sus vínculos. Así lo dice el derecho internacional. Carlos Garikoetxea es rotundo: “Se están imponiendo, en ciertos casos, penas sobreañadidas, con esos alejamientos a los reclusos; y penas sobreañadidas a sus familiares. Mientras responsables de crímenes horribles, con el agravante de haberse hecho desde el poder, salen a la calle o ven aliviadas notablemente sus penas”. En su informe de junio de 199, Amnistía Internacional informa que en noviembre de 1998, el Congreso de los Diputados español aprobó unánimemente una moción por la que se instaba al gobierno español a poner en práctica «una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible, de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia». El primer traslado de presos vascos al País Vasco desde el anuncio de la tregua tuvo lugar en octubre de 1998 y afectó a cuatro presos que habían solicitado recibir tratamiento médico más cerca de su lugar de origen. A finales de diciembre, otros 21 presos vascos habían sido trasladados a la península desde las islas Canarias y las Baleares, así como desde Ceuta y Melilla. Trasladar los presos al País Vasco es una de las cartas que posee el gobierno central a la hora de una posible negociación con ETA. Por ahora está guardada en la baraja de silencios, de anuncios de diálogo. Una carta que espera que ETA ofrezca la suya: el fin de la violencia.