Ilegalización

Los miembros de Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, tras un proceso de refundación (motivado en buena medida por la amenaza de ilegalización pendiente sobre ambos) crearon en 2001 a Batasuna, del que se descolgó la corriente Aralar, encabezada por Patxi Zabaleta, por sus discrepancias con la línea oficial de no rechazo a la violencia política de ETA. Aralar se constituiría posteriormente como un partido independiente. El objetivo inicial de este proceso era convertir a HB en un partido autónomo de ETA capaz de atraer a los independentistas que apostaban por la línea soberanista emprendida con el Pacto de Lizarra. El 26 de agosto de 2002, el juez Baltasar Garzón ordenó el cierre de las sedes políticas de Batasuna. El 28 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo notifica la sentencia que ilegaliza a Batasuna, Euskal Herritarrok y HB, y ordena el cese inmediato de sus actividades. Luego de un proceso que empezó tras un atentado perpetrado por ETA en Santa Pola donde murieron dos personas.

El ministro de Justicia, José María Michavila, esgrimió 23 motivos con los que justificó la prohibición de Batasuna. Los mismos incluían: su rechazo a condenar los ataques de ETA; el hecho de que los ex miembros de ETA forman parte de sus funcionarios electos y que muchos de los miembros activos de la organización extremista también pertenecen al partido. Batasuna explica que se trata de excusas medio encubiertas para silenciar al partido.

Tras la ilegalización de Batasuna, el grupo parlamentario, integrado por siete diputados autonómicos, pasó a llamarse Sozialista Abertzaleak (SA, Socialistas Nacionalistas).

Ante esta situación se crearon plataformas electorales locales para presentarse a las elecciones municipales y una plataforma por la autodeterminación Autodeterminazioaren Bilgunea (AuB) para las elecciones a las diputaciones provinciales. Casi todas las plataformas fueron consideradas por los tribunales como una continuación de Batasuna, por lo que fueron ilegalizadas. Ante la imposibilidad de que la ilegalizada Batasuna pudiera estar presente en las elecciones autonómicas del 17 de abril de 2005, la agrupación de electores Aukera Guztiak (AG, Todas las opciones) decidió concurrir a estos. Sin embargo, cinco días antes del inicio de la campaña electoral, el Supremo anuló la lista de AG «por ser instrumento de ETA».

Inmediatamente después de la ilegalización de Batasuna, Vázquez Montalbán escribía en La Jornada que la falta de opciones favorecía la impresión de que la ilegalización de Batasuna era una medida eficaz, ya que tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) debían ocultar su incapacidad política y la insuficiencia de la vía policial como instrumento represor o disuasorio. “¿Qué terrorismo político con raíces sociales no ha jugado, juega y jugará en un doble frente de clandestinidad y legalidad? ¿Qué terrorismo, insisto, con raíces sociales, ha sido destruido democráticamente por la ilegalización de su frente político?”, se lamentaba. Y parecía responder a sus preguntas en su libro La Aznaridad: “Desmesurar el problema vasco. Ésta ha sido la estrategia del PP”.

Finalmente, para las elecciones del 17 de abril de 2005, el Partido Comunista de las Tierras Vascas-EHAK (PCTV-EHAK) le ofreció sus listas a Batasuna y anunció el retiro de su programa electoral, nunca antes publicitado, por el objetivo de la “paz y la democracia”. Superaron en 7.000 votos (un 2,38% y 2 escaños) los resultados de Batasuna en los comicios de 2001.

“Todo ello unido, sin duda, a la ausencia de ETA en la campaña y a una menor actividad criminal en estos dos años. Batasuna ha demostrado, una vez más, que dispone de un voto militante y disciplinado que ha sido capaz de sortear las diferentes dificultades”, valora en un documento el Partido Comunista de Euskadi. El PNV, por su parte, manifiesta que “La práctica ha demostrado que no cabe ilegalizar la voluntad política de los ciudadanos y el resultado es, según todos los indicios, PCTV”.

A pesar de los pedidos desde el PP, e incluso de Arzallus, una voz oficiosa, aunque no oficial, del PNV, de ilegalización del PCTV, el PSOE no solicitó dicha medida al Tribunal Supremo. No eran pocos sus motivos. Luego de que las Cortes mandaran a Ibarretxe a su casa con un no rotundo a su plan de reforma de Estatuto, y que éste adelantara un mes las elecciones (para el 17 de abril de 2005) autonómicas para convertirlas en una suerte de referéndum -que le habían prohibido llevar a cabo – el PCTV jugaba un importante papel quitándole votos del espectro nacionalista.